Un año y medio después de concluido, el Tercer diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano fue dado a conocer por la Defensoría del Pueblo. Entre otras cosas, el documento señala que:
Más del 80% de los colombianos no recibe agua apta para el consumo.
Unas 20 millones de personas (cerca del 50% de la población del país) viven en riesgo alto o muy alto de escasez de agua.
13 millones 541 mil personas no tienen acceso a alcantarillado
Solamente el 8% de las aguas residuales reciben tratamiento adecuado antes de ser dispuestas a fuentes hídricas naturales.
Campesinos, indígenas y afrocolombianos tienen las peores coberturas de acueducto y alcantarillado (por debajo del promedio nacional).
El 52 % de los municipios suministran agua durante las 24 horas del día.
Mientras en promedio una persona de estrato 1 consume 103 litros de agua al día, una persona de estrato 6 duplica esa cantidad.
Apartes del diagnóstico
Los resultados sobre la calidad del agua arrojados por los dos diagnósticos, realizados por la Defensoría en los años 2005 y 2006, confirmaron que más del 80% de la población colombiana no recibe agua segura para el consumo humano.
De otra parte, la transferencia de recursos con destinación específica para agua potable y saneamiento básico, consagrada en la Constitución Política, prioritaria dentro de la inversión social, no siempre se ejecuta conforme a los principios de economía, celeridad y eficiencia o bien, se desvían para otros propósitos. Esto se manifiesta en la insuficiente cobertura en cuanto a la atención del mínimo vital requerido y en la calidad de agua segura para el consumo humano. Persisten otras debilidades como la falta de control, monitoreo y seguimiento, así como la ausencia de sanciones a los responsables.
En el ámbito internacional el acceso al agua potable, en condiciones de calidad, disponibilidad y accesibilidad, se ha convertido en un tema prioritario. De hecho, la Observación General número 15, relativa al derecho al agua, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, organismo creado con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, -PIDESC-, determina el contenido normativo del derecho al agua y las obligaciones de los Estados en su realización sin ningún tipo de discriminación.
Partiendo de estos instrumentos internacionales, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de un reconocimiento explícito del derecho humano al agua, con carácter autónomo, materializado en una ley aplicable a cualquier circunstancia que implique el uso del recurso hídrico, en la que se encuentren instrumentos y herramientas que permitan garantizarlo a todos los habitantes del territorio nacional.
En el sector rural la situación es crítica, porque de sus 11 millones de habitantes, el 52.9% no dispone del servicio de acueducto. En la zona rural del departamento de Vaupés el 95% de la población no tiene esta cobertura, en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vichada, Amazonas y Caquetá el 57% carece de acueducto al igual que el 86% del sector rural de la Guajira; a su vez, las zonas rurales de los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo no alcanzan el 20%, y en el departamento del Chocó el 80% de estas zonas no tiene acueducto.
Para abastecerse de este preciado líquido, las familias que no cuentan con el servicio necesitan recorrer considerables distancias hasta los ríos y quebradas. En algunas regiones, especialmente en la atlántica, lo obtienen de la perforación de pozos subterráneos y de las aguas lluvias. En otros casos, como en la isla de San Andrés deben comprar un porcentaje significativo de agua embotellada.
El alcantarillado en el sector rural y en los centros poblados corresponde a las redes de empresas públicas o de empresas comunales que vierten las aguas residuales en los cauces de agua naturales. La población que no está conectada a una red de alcantarillado, en su gran mayoría, posee pozos sépticos, los cuales no cuentan con diseños de construcción ni mantenimiento y operan de manera inadecuada. El resto de casos sin servicio se refiere a aquellos que todavía utilizan una letrina y vierten las aguas residuales en la superficie del suelo de sus viviendas.
La cobertura de alcantarillado y aseo se encuentra rezagada, no sólo en las zonas rurales, sino en las urbanas. Adicionalmente, la disposición de residuos líquidos se realiza sin aplicar el tratamiento necesario, lo cual resulta nefasto para la sostenibilidad del recurso hídrico. El volumen de aguas residuales que recibe tratamiento corresponde apenas al 8%. Afortunadamente, el agua para consumo humano en el sector rural se capta de los ‘nacederos’ y las quebradas o pequeños ríos y afluentes que todavía no tienen los niveles de contaminación de los ríos Magdalena y Cauca, dos de los principales del país.
La disponibilidad del recurso hídrico no es un problema en el territorio nacional; sin embargo, la contaminación de las principales cuencas, como las de los ríos Magdalena y Cauca, hacen necesaria la intervención del Estado para garantizar la sostenibilidad del recurso y obtener menores costos en la ‘potabilización’.
Al Estado le corresponde, así mismo, abstenerse de contaminar las cuencas y fuentes hídricas. De los 1.099 municipios, se estima que aproximadamente el 50% no cuenta con un relleno sanitario y dispone sus basuras a ‘cielo abierto’, algunos directamente en los cauces. De igual forma, la mayoría de los municipios no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y también las vierten en las cuencas hídricas.
En el sector rural, el 53% no cuenta con el servicio público de acueducto, cerca de 5.816.120 habitantes, y el 82.2%, equivalentes a 9.043.133 personas, no dispone del de alcantarillado.
En el sector urbano, la situación es menos dramática. Debido a los costos y al impacto socio-económico, se privilegiaron las inversiones y la cobertura de las cabeceras municipales y de los centros poblados, en detrimento de las áreas rurales. Con todo, aún en las zonas urbanas hay 1.807.000 personas que no cuentan con el servicio público de acueducto y cerca de 3.282.000 que no disponen de alcantarillado.
De igual manera, 23 de los 33 departamentos, más de las dos terceras partes del país respecto de su población total, no alcanza al 70% de cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado.
De acuerdo con los tres diagnósticos elaborados por la Defensoría del Pueblo sobre la calidad de agua para el consumo humano en Colombia, se concluyó que a la mayoría de los habitantes del territorio nacional no se les surte agua realmente apta.
Informe completo:
Más del 80% de los colombianos no recibe agua apta para el consumo.
Unas 20 millones de personas (cerca del 50% de la población del país) viven en riesgo alto o muy alto de escasez de agua.
13 millones 541 mil personas no tienen acceso a alcantarillado
Solamente el 8% de las aguas residuales reciben tratamiento adecuado antes de ser dispuestas a fuentes hídricas naturales.
Campesinos, indígenas y afrocolombianos tienen las peores coberturas de acueducto y alcantarillado (por debajo del promedio nacional).
El 52 % de los municipios suministran agua durante las 24 horas del día.
Mientras en promedio una persona de estrato 1 consume 103 litros de agua al día, una persona de estrato 6 duplica esa cantidad.
Apartes del diagnóstico
Los resultados sobre la calidad del agua arrojados por los dos diagnósticos, realizados por la Defensoría en los años 2005 y 2006, confirmaron que más del 80% de la población colombiana no recibe agua segura para el consumo humano.
De otra parte, la transferencia de recursos con destinación específica para agua potable y saneamiento básico, consagrada en la Constitución Política, prioritaria dentro de la inversión social, no siempre se ejecuta conforme a los principios de economía, celeridad y eficiencia o bien, se desvían para otros propósitos. Esto se manifiesta en la insuficiente cobertura en cuanto a la atención del mínimo vital requerido y en la calidad de agua segura para el consumo humano. Persisten otras debilidades como la falta de control, monitoreo y seguimiento, así como la ausencia de sanciones a los responsables.
En el ámbito internacional el acceso al agua potable, en condiciones de calidad, disponibilidad y accesibilidad, se ha convertido en un tema prioritario. De hecho, la Observación General número 15, relativa al derecho al agua, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, organismo creado con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, -PIDESC-, determina el contenido normativo del derecho al agua y las obligaciones de los Estados en su realización sin ningún tipo de discriminación.
Partiendo de estos instrumentos internacionales, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de un reconocimiento explícito del derecho humano al agua, con carácter autónomo, materializado en una ley aplicable a cualquier circunstancia que implique el uso del recurso hídrico, en la que se encuentren instrumentos y herramientas que permitan garantizarlo a todos los habitantes del territorio nacional.
En el sector rural la situación es crítica, porque de sus 11 millones de habitantes, el 52.9% no dispone del servicio de acueducto. En la zona rural del departamento de Vaupés el 95% de la población no tiene esta cobertura, en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vichada, Amazonas y Caquetá el 57% carece de acueducto al igual que el 86% del sector rural de la Guajira; a su vez, las zonas rurales de los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo no alcanzan el 20%, y en el departamento del Chocó el 80% de estas zonas no tiene acueducto.
Para abastecerse de este preciado líquido, las familias que no cuentan con el servicio necesitan recorrer considerables distancias hasta los ríos y quebradas. En algunas regiones, especialmente en la atlántica, lo obtienen de la perforación de pozos subterráneos y de las aguas lluvias. En otros casos, como en la isla de San Andrés deben comprar un porcentaje significativo de agua embotellada.
El alcantarillado en el sector rural y en los centros poblados corresponde a las redes de empresas públicas o de empresas comunales que vierten las aguas residuales en los cauces de agua naturales. La población que no está conectada a una red de alcantarillado, en su gran mayoría, posee pozos sépticos, los cuales no cuentan con diseños de construcción ni mantenimiento y operan de manera inadecuada. El resto de casos sin servicio se refiere a aquellos que todavía utilizan una letrina y vierten las aguas residuales en la superficie del suelo de sus viviendas.
La cobertura de alcantarillado y aseo se encuentra rezagada, no sólo en las zonas rurales, sino en las urbanas. Adicionalmente, la disposición de residuos líquidos se realiza sin aplicar el tratamiento necesario, lo cual resulta nefasto para la sostenibilidad del recurso hídrico. El volumen de aguas residuales que recibe tratamiento corresponde apenas al 8%. Afortunadamente, el agua para consumo humano en el sector rural se capta de los ‘nacederos’ y las quebradas o pequeños ríos y afluentes que todavía no tienen los niveles de contaminación de los ríos Magdalena y Cauca, dos de los principales del país.
La disponibilidad del recurso hídrico no es un problema en el territorio nacional; sin embargo, la contaminación de las principales cuencas, como las de los ríos Magdalena y Cauca, hacen necesaria la intervención del Estado para garantizar la sostenibilidad del recurso y obtener menores costos en la ‘potabilización’.
Al Estado le corresponde, así mismo, abstenerse de contaminar las cuencas y fuentes hídricas. De los 1.099 municipios, se estima que aproximadamente el 50% no cuenta con un relleno sanitario y dispone sus basuras a ‘cielo abierto’, algunos directamente en los cauces. De igual forma, la mayoría de los municipios no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y también las vierten en las cuencas hídricas.
En el sector rural, el 53% no cuenta con el servicio público de acueducto, cerca de 5.816.120 habitantes, y el 82.2%, equivalentes a 9.043.133 personas, no dispone del de alcantarillado.
En el sector urbano, la situación es menos dramática. Debido a los costos y al impacto socio-económico, se privilegiaron las inversiones y la cobertura de las cabeceras municipales y de los centros poblados, en detrimento de las áreas rurales. Con todo, aún en las zonas urbanas hay 1.807.000 personas que no cuentan con el servicio público de acueducto y cerca de 3.282.000 que no disponen de alcantarillado.
De igual manera, 23 de los 33 departamentos, más de las dos terceras partes del país respecto de su población total, no alcanza al 70% de cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado.
De acuerdo con los tres diagnósticos elaborados por la Defensoría del Pueblo sobre la calidad de agua para el consumo humano en Colombia, se concluyó que a la mayoría de los habitantes del territorio nacional no se les surte agua realmente apta.
Informe completo:
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